PERU DEBERA RENDIR CUENTAS A LA CIDH POR ESTERILIZACIONES FORZADAS

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Organizaciones internacionales y peruanas de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pronunciarse por el reciente archivo parcial de la investigación preliminar del caso esterilizaciones forzadas.

En los reportes enviados por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y DEMUS (Estudio para la defensa de los derechos de la mujer), se señala que la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez emitida el 27 de julio de 2016, incumple con los estándares internacionales de derechos humanos y la obligación de garantizar justicia a las víctimas englobadas por el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), firmado con el Estado peruano por el caso de Mamérita Mestanza.

Asimismo, destacaron que esta decisión archiva en su totalidad el caso Mamérita Mestanza, a pesar del ASA que el Estado peruano suscribió por haber violado sus derechos humanos.

A su vez, la decisión descarta a autores directos y mediatos, y el tratamiento del contexto en el que se ejecutó. Lo que admite fue una política de Estado superficial y parcializada, desconoce la condición de víctima Mamérita Mestanza y la mayoría de los casos, ya que da como válidas actas de consentimiento, a pesar de las declaraciones de las víctimas sobre engaños y violencia, ignorando así los estándares internacionales sobre el consentimiento informado.

“Según la decisión fiscal, el hecho de que las víctimas no hablarán castellano, no afectó su capacidad de consentir. Según la fiscal Gutiérrez, era el deber de las mujeres adelantar esfuerzos para informarse y superar sus dudas. Finalmente, la decisión no sustenta por qué no procede la denuncia, y en su lugar “sentencia” que no hubo comisión de delitos”.

Solo en siete de las 2089 denuncias, la fiscal admite que el consentimiento informado pudo no haber sido válido, y su conclusión se sostiene en la ausencia de los formularios firmados, o en el hecho de que una de las víctimas tenía una discapacidad (sorda). Marcelita Gutiérrez excluyó sin fundamento 72 casos, entre los que se encuentran los casos de Victoria Vigo, quién tiene una sentencia penal contra los autores directos, y el de Celia Ramos, que ha sido peticionado ante la CIDH.

“Con esta decisión el Estado le impide a un gran número de víctimas la oportunidad de que sus casos se investiguen judicialmente, al permitirlo solo a 7 víctimas por desconocer las garantías del consentimiento informado en la mayoría de casos y se evidencia un trato discriminatorio’’, asegura Milton Campos, abogado de DEMUS.

Elida Caballero Cabrera, asesora de Incidencia del Centro de Derechos Reproductivos, expresó que: “Este archivo es una total vulneración a los derechos de las víctimas y reafirma la falta de compromiso del Estado en el reconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Adicionalmente, esta decisión afecta directamente el derecho al consentimiento informado, el cual ha si sido vulnerado en este caso ”.

Cabe recordar que al firmar el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA), el Estado peruano tiene obligación de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables materiales y mediatos de todas las esterilizaciones forzadas ocurridas en el marco del Programa de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva, que fuera implementado por el Estado peruano entre los años 1996 y 2000.

El 20 de setiembre se cumplió el plazo que le dio el fiscal Luis Landa Burgos a la fiscal Marcelita Gutiérrez, para que emita un pronunciamiento integral y unificado de todos los casos denunciados o recogidos por la fiscalía. Este plazo se ha extendido y vence a fines de octubre. Las víctimas no confían en idoneidad e imparcialidad de la Fiscal.

“El archivo parcial de esta investigación constituye un nuevo obstáculo a más de 15 años de búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de estos crímenes. La resolución fiscal incumple con los compromisos internacionales asumidos por el Estado, en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa y desconoce importantes estándares de derechos humanos aplicables al consentimiento informado, al trato digno de las víctimas y la no revictimización. Hemos solicitado a la CIDH que exhorte al Estado a informar y cumplir con sus obligaciones internacionales y a que la justicia se ataña a los plazos impuestos”, sostuvo María Leoni, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

María Ysabel Cedano, directora de DEMUS, informa que además de los reportes enviados en el mes de agosto, las co-peticionarias sostuvieron una reunión el 12 de setiembre último con funcionarias de los equipos de seguimiento de los ASA, temático y geográfico, en la sede de la CIDH, en Washington.

“El Estado tiene que rendir cuentas por actuación fiscal. Y la CIDH deberá pronunciarse como lo hizo antes en situaciones similares” declaró.

Al final de la cita en Washington, se concluyó que solicitarán una reunión de trabajo para la sesión que se realizará en diciembre próximo.

Publicado por La mula el [06/10/2016]. Disponible en: https://contraelolvido.lamula.pe/2016/10/06/peru-debera-rendir-cuentas-a-la-cidh-por-esterilizaciones-forzadas/amandameza/

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