ESTERILIZACIONES FORZADAS EN PERU

Entre 1996-2000, más de 300,000 mujeres y 16,000 hombres fueron esterilizados a través de una campaña y política pública de control poblacional aplicada durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú.

La mayoría de la población atendida procedía de zonas económicamente deprimidas de la Sierra, Amazonía  y Costa del país, particularmente en zonas donde un alto porcentaje de pobladores no hablaban el español como lengua materna. Las AQV’s (Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria) fueron aplicadas masivamente. Al menos 2,074 denuncias de esterilizaciones forzadas han sido presentadas ante la fiscalía de la nación.

Las personas fueron llevadas a los establecimientos de salud con información falsa, presionadas, acosadas, sobornadas y engañadas para hacerles el procedimiento. Los testimonios refieren a procedimientos médicos ejecutados sin el consentimiento de los pacientes, haciendo uso de firmas falsas o de formularios de consentimiento informado en un idioma que no era el suyo. También refieren  a condiciones precarias de los establecimientos de salud, así como a la falta de información respecto de la etapa post operatoria de la intervención, lo cual causó complicaciones que incluso llevaron a algunas personas a la muerte.

Las esterilizaciones se realizaron sin consideración del contexto y origen cultural de los víctimas. La mayoría procedía de comunidades indígenas con una cosmovisión y prácticas en salud sexual y reproductiva propias que no fueron tomadas en cuenta.

Han transcurrido más de 17 años desde que los primeros casos de esterilizaciones forzadas fueran denunciados.

En Octubre del 2011, la fiscalía de la nación reabrió el caso de “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria”- Forzada por tercera vez. Aún sin resolverse, el caso corre el riesgo de ser ignorado y archivado, nuevamente.

Es importante hablar sobre estos abusos y crear conciencia en la opinión pública, sensibilizar a la población sobre la necesidad de respetar, recordar y dar justicia a todas las personas afectadas por lo que fue una política pública vertical y discriminatoria que no debe repetirse.